Plusvalía municipal

LA VENTA DE UN INMUEBLE LE HA GENERADO PÉRDIDAS, Y HA PAGADO LA PLUSVALÍA MUNICIPAL?

El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, en sentencia de 16 de febrero de 2017, ha declarado inconstitucionales dos artículos de la Ley Foral que regula esta figura tributaria, al determinar que este impuesto grava la riqueza creada en la venta de inmueble. Sin embargo, hay muchos casos, principalmente desde el inicio de la crisis económica, en los que el precio de venta ha sido más bajo que el de compra, obteniendo pérdidas. A pesar de ello, existía la obligación de liquidar la plusvalía municipal.

Si bien la sentencia del Tribunal Constitucional sólo afecta a los residentes en el territorio foral guipuzcoano, los artículos anulados son exactamente iguales que los incluidos en la Ley de Haciendas Locales.

Por lo tanto habría dos vías para recurrir la plusvalía municipal:

a.- Estando en plazo para liquidar la plusvalía municipal, habría que plantear un recurso de reposición, que en caso de ser desestimado (hasta el momento se desestiman todos estos recursos), se abre la vía para impugnar el pago del tributo.

b.- Solicitar devolución de ingresos indebidos, en aquellas plusvalías que se pagaron en los últimos cuatro años, siempre y cuando se generara una minusvalía en la operación de compraventa, bajo los argumentos utilizados en la sentencia del Tribunal Constitucional.

A este respecto existen diversas sentencias del TSJ de Catalunya de 18/07/2013 , 21/03/2012 y 9/05/2012, Tribunal Administrativo de NAvarra de 9/08/2011 y Tribunales Contencioso-administrativos de Cataluña (sentencias de 21/04/2014) y Madrid (sentencia de 24/04/2014), que han señalado que cuando se acredite y pruebe que no ha existido, en términos económicos y reales, incremento de valor alguno, la plusvalía municipal no podrá exigirse, pues al faltar un elemento esencial del hecho imponible no puede surgir la obligación tributaria.

Dichos tribunales consideran, además, que exigir el pago de la plusvalía municipal en estos supuestos (transmisión con pérdida) sería una vulneración del principio de capacidad económica consagrado en el artículo 31 de la Constitución Española.

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