El Tribunal constitucional anula el decreto de la ley de vivienda del Govern

El Tribunal Constitucional ha declarado nulo el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda impulsado en 2019 y retocado en 2020 por el Govern, que reformaba algunos artículos de la Ley de la Vivienda y que obligaba a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda, pero también antes de interponer demandas de desahucio en caso de expiración de plazo, en caso de que el arrendatario fuese persona vulnerable.

La sentencia sostiene que no concurren los requisitos del presupuesto habilitante que exige el art. 86.1 CE para regular la materia sobre las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, resultando insuficiente el rango de la norma.

Esta norma afectaba a todos aquellos propietarios que tuvieran más de quince viviendas, lo que provocó un enorme rechazo entre el colectivo de propietarios, ya que suponía trasladar la obligación de ofrecer una vivienda al sector privado.

Asimismo, el tribunal constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por los diputados del partido popular contra la ley de contención de alquileres.

A partir de ahora, seguramente veremos como muchos grandes tenedores que se estaban resistiendo a presentar demandas de desahucio por finalización de contrato empezarán a iniciar procedimientos de desahucio.

 

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